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Cada día en Centro América las mujeres viven violaciones a sus derechos humanos. Hemos creado este espacio para poder compartir el trabajo que las organizaciones de mujeres y en particular nuestras contrapartes estan llevando a cabo diariamente para concientizar a la población.

Por Penn Garvin, Abril 2008

La Situación Actual

El 9 de septiembre de 2007 nueve líderes del movimiento nicaragüense de mujeres fueron denunciadaza por encubridoras del delito de violación y autoras del delito contra la administración de justicia en el caso de una niña (Rosita) que obtuvo un aborto terapéutico en 2003 y de asociación  e instigación para delinquir y de la apología en la defensa al crimen de aborto.  Estas denuncias fueron impulsadas por un organismo que se llama Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, un organismo vinculado a la Iglesia Católica.

Algunas de estas mujeres han sido activistas por mucho tiempo, lucharon para derrocar a la dictadura de la Familia Somoza en los 70 y muchas de ellas continuaron activas durante el gobierno Sandinista en los 80. Actualmente 7 de estas mujeres (Ana María Pizarro, Juanita Jiménez Martinez, Lorna Norori Gutiérrez, Martha Murgía Alvarado, Mayra Sirias ,Yamileth Mejía Palma y Violeta Delgado Sarmiento) son líderes de organismos que son miembros de La Red de Mujeres Contra La Violencia y Luisa Molina Arguello y Martha Maria Blandón Gadea trabajan con dos organismos muy conocidos (CODENI y Movimiento Feminista). CODENI es un red de organismos que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Las denuncias fueron hechas por el Sr. Roberto José Petray, Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que se estableció en los años 80 con fondos de los EEUU para respaldar a los derechos humanos de los Contra que luchaban en contra del gobierno Sandinista.  El organismo está presidido por el Arzobispo Abelardo Mata quien lideró el reciente  movimiento en contra del aborto terapéutico en Nicaragua. Hasta ahora el organismo había estado relativamente inactivo.

La oficina del Fiscalía General de Nicaragua está investigando estas denuncias que el gobierno considera muy serias.  Hasta ahora (abril del 2008) la investigación está en proceso y las mujeres denunciadas entienden que pueden cumplir una condena si llegan al juicio y son condenadas.

Los Antecedentes del Caso

Para entender el caso actual es necesario entender algunos eventos ocurridos en Nicaragua durante los años pasados.

Las denuncias refieren al caso de "Rosita" y acusan a estas mujeres de utilizar este caso para recaudar fondos para su propia organización.  Rosita es el nombre dado a una niña de 9 años que vivía en 2003 con su madre y padrastro en Costa Rica.  Se quedó embarazada y la familia identificó a un hombre como el violador que fue enjuiciado y encontrado inocente por el sistema judicial de Costa Rica.  La familia solicitó un aborto terapéutico.  La Red de Mujeres, con la Fiscalía General y otras agencias gubernamental y ONGs, trabajaron para conseguir un aborto para esa niña. En 2007 la "Rosita", ahora con 13 años de edad,  se quedó embarazada de nuevo y esta vez se reveló que los dos embarazos resultaron de abuso sexual por parte del padrastro.

El abuso sexual familiar de las niñas es un problema serio en Nicaragua. En 2000 la hijastra de Daniel Ortega, Zoilamérica, llevó cargos en contra de Daniel por abuso sexual continuo durante años.  Aunque su madre, la actual Primera Dama, Rosario Murillo, no la respaldó en los cargos su caso fue respaldado por muchos organismos de los derechos humanos y de las mujeres, incluyendo La Red De Mujeres. CENIDH, un organismo nicaragüense de derechos humanos bien conocido, ayudó a Zoilamérica para que llevara el caso a La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Desde el año 2000 la Comisión admitió el caso (#12,230)  y se encuentra abierto, esperando sentencia.  Resulta sospechoso que el Sistema Interamericano esté demorando un resultado en momentos en que el Estado acusado se encuentra encabezado por el mismo acusado de los delitos. Este caso causó muchas tensiones dentro del Partido Sandinista y para el Partido Sandinista.

En octubre del año 2006, un poco antes de la última elección en la cual fueron elegidos Daniel Ortega y el Partido Sandinista, las iglesias católicas y evangélicas lograron un arreglo con el Partido Sandinista y otros partidos con mayor representación en la Asamblea Nacional para derogar la ley del aborto terapéutico que ha existido por más de 170 años. El aborto terapéutico se practica cuando llevar el embarazo a termino pone en juego la vida de la madre. La derogación ocurrió cuando el Partido Sandinista necesitaba el respaldo de la Iglesia Católica y este arreglo fue considerado parte de un "dame y te doy" de los políticos.  Aunque muchas mujeres han luchado para proteger las vidas de las mujeres con el fin de re-establecer la ley del aborto terapéutico, no han recibido apoyo oficial de los partidos mayoritarios.  Un aspecto del caso en contra de estas nueve mujeres es que abogan por aborto terapéutico y por eso la Iglesia Católica y otros las consideran deliberadamente desobedientes a la ley y a las autoridades y que están incitando a la ciudadanía a desobedecer a las leyes y las instituciones.

Todas las mujeres hoy acusadas fueron quienes encabezaron el grupo de apoyo a Zoilamérica durante su proceso judicial contra Daniel Ortega.  Los organismos de la Red de Mujeres y CODENI han demandado a los gobiernos que garanticen mayor inversión presupuestaria a favor de los derechos humanos de los niños, adolescentes y las mujeres. Además este caso en contra de las nueve mujeres es un mensaje de chantaje a la sociedad civil por las denuncias que hacen estas organizaciones ante la comunidad internacional sobre la penalización del aborto terapéutico.

Individuos conocidos, el movimiento de derechos humanos y el movimiento de las mujeres en Nicaragua, América Latina y Europa se han pronunciado en contra de estas denuncias.  Las ven como un intento de "decapitar" a un movimiento muy activo de mujeres que ha luchado en el pasado y seguirá luchando en el futuro en contra de la violencia contra mujeres y para el derecho al aborto terapéutico. Encontrarse en un juicio legal significa que los recursos energéticos y financieros de estas personas se agotan y, si son condenadas, habrá menos oposición a las políticas de este gobierno.